Prevenciones criminales

Artículo publicado en la versión impresa del Diario Información el 19/04/2016. Vientos de Occidente, de EEUU en concreto, vuelven a traernos nuevos influjos a nuestro ordenamiento jurídico. Y una vez más, el empresario español, PYME en su inmensa mayoría, ve pavoroso cómo se le imponen nuevas obligaciones y costes que no tienen su correlación en la “cosa pública” donde todavía vamos a furgón de la Guardia Civil por día, transportando corruptos. Pero así son las cosas. Desde la última reforma del Código penal, en vigor desde julio del año pasado, las empresas que no elaboren e implementen planes de prevención de delitos en sus organizaciones se verán expuestas a asumir severas responsabilidades penales por los actos que cometan sus empleados, administradores y directivos. Estas penas van desde importantes sanciones económicas, a la prohibición de contratar con la Administración o incluso la disolución de la empresa por mandato judicial (lo que vendría a ser la “pena de muerte” para la persona física). El compliance penal (que así se denomina en nuestra jerga leguleya) está de moda en el sector legal, que se afana en formar especialistas en la materia y ofertar servicios al respecto a empresas de todo tipo; dicho entusiasmo, no es ni de lejos tan compartido por un empresario, el español, poco dado al Derecho preventivo. Pero el camino hacia la obligatoriedad de los planes de prevención de delitos (hasta ahora voluntarios) está en marcha de manera inexorable, es sólo cuestión de tiempo; igual que ocurrió en su momento con la LOPD o con los planes de prevención de riesgos laborales. Como también previsible es que se incremente el número sentencias condenatorias por responsabilidad penal de la personas jurídica (de la empresa). La Fiscalía General del Estado en su reciente circular 1/2016 avisa a navegantes: para que los planes de prevención de delitos salvaguarden a las empresas que los tengan, deberán ser idóneos, concretos y personalizados..los “corta y pega” no salvarán de la quema. Ahí lo dejo.

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La gárgola pasmada

Artículo publicado en el Diario el Mundo, edicion Alicante,  28 de marzo de 2016.

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Una ciudadana de Benidorm, representada por Devesa & Calvo, consigue la nulidad de la cláusula suelo en su hipoteca y la condena en costas al banco.

El Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Alicante declara en su sentencia de primera instancia la nulidad de la cláusula suelo hipotecaria y la obligación de la entidad financiera de devolver lo cobrado por aplicación de la misma desde mayo de 2013.

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Alicante, 14 de enero de 2016. El Juzgado de lo Mercantil Núm. 1 de Alicante, ha emitido Sentencia en el día de hoy, que declara nula por abusiva la cláusula suelo de la hipoteca que M.G.C. suscribió con Banco CEISS (Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A).

El Juzgado ha condenado a la entidad financiera tanto a las costas del procedimiento como a devolver a la demandada todo lo cobrado por aplicación de la cláusula suelo desde mayo del 2013.

El Juzgado de lo Mercantil considera que “la cláusula objeto de la controversia no es transparente, como consecuencia de no ser apta para producir en el consumidor la comprensibilidad real del reparto de cargas económicas que dimanan del contrato”.

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¿De qué actos responden civilmente los administradores en la SA y la SL?

La aceptación del cargo de administrador en una mercantil es una decisión que debe ser profundamente meditada, toda vez que, además de las posibles responsabilidades penales, implica estar sujeto a un régimen especial de responsabilidad civil al que en ningún caso está sometido un mero socio de la S.A ó de la S.L.

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Los administradores responden civilmente con todo su patrimonio presente y futuro frente a la sociedad, frente a los socios y frente a los acreedores sociales, de los eventuales daños que puedan causar por:

a) Actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos.

b) Incumplimiento de los deberes inherentes al desempeño del cargo, siempre y cuando concurra culpa o dolo.

La diferencia sustancial entre estos dos tipos de causas que pueden dar lugar a la responsabilidad civil de los administradores, es que en caso de actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos, la culpabilidad se presume; es decir, será el administrador quién por los distintos medios de prueba deberá acreditar que actuó correctamente.

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El caballo de batalla en los conflictos societarios: acta y acta notarial de la Junta General

Lo que algunos incautos consideran mera burocracia en la práctica mercantil, constituye un elemento clave para juzgar la validez de los acuerdos alcanzados en el ámbito de societario: el acta de la Junta General de Socios (SL) ó de Accionistas (SA). La correcta llevanza y redacción de las actas limitará también las posibilidades de los socios de impugnar los acuerdos contenidos en las mismas.

La obligatoriedad del acta

La Ley de Sociedades de Capital es tajante: todos los acuerdos sociales deben constar en acta. Igualmente, la Ley impone la obligación de que el acta de la Junta sea aprobada por dicho órgano al final de la sesión ó en su defecto en el plazo máximo de 15 días mediante aprobación del presidente de la Junta y de dos socios que actúen como interventores (uno representando a la mayoría del capital social con derecho a voto y otro a la minoría).

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¿De qué modo puede organizarse la administración de una SA ó SL?

La vigente Ley de Sociedades de Capital prevé diversas formas entre las que designar una para organizar la administración de una SA ó SL:

– Un administrador único.

Varios administradores que actúen de forma solidaria. Esto significa que los administradores pueden realizar por sí mismos y de manera individual, cuantos actos, negocios jurídicos y operaciones mercantiles sean de competencia del órgano de administración, sin firma ni autorización de los restantes administradores solidarios.

Varios administradores que actúen de forma conjunta (esto es, mancomunada). Esta forma de organización implica que necesariamente para suscribir actos, negocios jurídicos y operaciones mercantiles de su competencia, los administradores necesitarán de la concurrencia y autorización del resto de administradores mancomunados.

– Un consejo de administración.

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Dicho esto, hay que tener en cuenta ciertas peculiaridades en función de si estamos ante una SA ó un SL. Y así:

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Guía rápida para no perderse con la adopción de acuerdos en SL y SA (Parte 2)

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En el anterior post de este mismo blog, expliqué cuándo se entiende válidamente constituida una Junta General de Socios en la SA ó en la SL. En este artículo trataré sobre  cómo funcionan las reglas de mayorías en la adopción de acuerdos sociales de la forma más gráfica y sencilla posible.

1) En la SA. Para este tipo societario, la adopción de acuerdos, con carácter general, requiere de mayoría simple (más votos a favor que en contra de los accionistas presentes o representados).

No obstante, será necesaria una mayoría especial cuando se trate de acuerdos sobre: aumento o reducción de capital y cualquier otra modificación estatutaria, emisión de obligaciones, supresión o limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, transformación, fusión, escisión, cesión global de activos y pasivos y traslado del domicilio al extranjero.

Para tales casos especiales, la Ley exige:

a) Mayoría absoluta si el capital social con derecho a voto presente o representado supera el 50%:

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Guía rápida para no perderse con la adopción de acuerdos en SL y SA (Parte 1).

Conocer el capital social mínimo con derecho a voto que debe concurrir para entender válidamente constituida una Junta General (quórum de asistencia) y qué mayorías deben alcanzarse para aprobar los acuerdos sociales que se traten en la misma, es básico para garantizar la legalidad de las decisiones adoptadas. Un mal conocimiento de las reglas sobre estas mayorías y quórum de asistencia, puede significar la nulidad de los acuerdos sociales adoptados, con los consecuentes gastos, perjuicios económicos y responsabilidades. La Ley de Sociedades de Capital regula estas cuestiones cual nudo gordiano para el no profesional del Derecho, y por eso la intención de este artículo y del siguiente que publicaré es explicar las reglas de adopción de acuerdos sociales de manera sencilla.

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Para mayor claridad, en este artículo de blog trataré exclusivamente sobre qué porcentajes mínimos de capital social con derecho a voto se exigen para entender válidamente constituida una Junta General (quórum); y en el siguiente artículo de blog me referiré a las mayorías necesarias para la adopción de acuerdos sociales, una vez constituida la Junta.

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Mi artículo para Law & Trends ¿Quién tiene derecho a asistir a las Juntas Generales de una SL?

En el fragor de una Junta General de socios conflictiva, esas en las que concurren sentimientos encontrados, de profundos amores y odios compartidos, es crucial para los implicados tener claro quién tiene o no derecho de asistencia si quieren salvaguardar la legalidad de los acuerdos alcanzados.

En el ámbito de las Sociedades de Responsabilidad Limitada (SL o SRL) todos los socios tienen derecho de asistencia a las Juntas Generales de Socios, sin que en ningún caso, ni siquiera por estatutos sociales, pueda exigirse para asistir la titularidad de un número mínimo de participaciones sociales.

Además, los administradores (sean o no socios) de la SL, no sólo tienen también el derecho de asistir a las Juntas Generales, sino el deber legal de hacerlo a tenor de lo dispuesto en el artículo 180 de la vigente Ley de Sociedades de Capital.

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Parte 2 de Claves legales para un buen alquiler de local de negocio.

“Pacta sunt servanda” y por eso aquí va la segunda parte de las claves legales para un buen contrato de arrendamiento de local de negocio. En mi anterior entrada de blog, comentaba aspectos esenciales del alquiler como los intervinientes del contrato, su objeto, el uso o tipo de actividad que tendrá el local, la duración del contrato y la renta con sus cláusulas de actualización. Continuemos pues, no perdiendo de vista más claves para lograr un sólido contrato de arrendamiento que evite indeseables contingencias jurídicas en el futuro.

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Obras y reformas. Cuando un local debe adecuarse a una nueva actividad de negocio a desarrollar, es importante deslindar con precisión en el contrato de arrendamiento qué obras están autorizadas por la propiedad (el arrendador), cúales requerirán autorización previa y qué tipo de obras se prohíben taxativamente (en esta última categoría suelen incardinarse normalmente las obras que afectan a la estructura del inmueble, así como a su estabilidad o seguridad). Es usual también que cuando se prevé una inversión importante en el local vía obras, se confiera por el arrendador al arrendatario un periodo de carencia de la renta (es decir, determinadas mensualidades en la que se renuncia al cobro de la renta mensual para que pueda ejecutarse la obra e iniciarse la actividad comercial).

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